La democracia se basa en la libertad y pluralidad de pensamiento y se garantiza con la renovación de las personas que guían las instituciones. Sin embargo, cuando algunos personajes se mantienen en el poder por más tiempo del tradicional, las garantías para que otras personas lleguen a ocupar esos puestos como servidores públicos se ven bloqueadas, diezmadas y en muchos casos anuladas.
Estamos a menos de un año de las elecciones para elegir Congreso y Presidente de la República, pero la incertidumbre electoral sobre quién ocupará la presidencia, ha hecho carrera en todo el país; aún no está claro quiénes serán los candidatos y no se sabe si el actual Presidente presentará su nombre en las próximas elecciones, con el agravante de que muchos de los que se dicen precandidatos están arrodillados ante el emperador Uribe, esperando que éste diga si quiere o no un tercer mandato. Lo que sí está claro es que el Presidente está en campaña (como lo ha estado en los últimos 7 años), lo que se evidencia en que cada semana utiliza los medios nacionales para hacer proselitismo y politiquería y repartir uno que otro “chequesito” de manera irresponsable en los Consejos Comunitarios. Así las cosas, las demás personas interesadas en ocupar la presidencia están en una absoluta desventaja frente al candidato – presidente que tiene a su entera disposición toda la maquinaria del Estado para figurar y hacer campaña. Como lo ha dicho la propia senadora Cecilia López, al cuestionársele por su precandidatura siendo congresista activa, “¿qué es una camioneta de un senador, frente al avión presidencial o qué es el canal del Congreso frente a la exposición mediática diaria del presidente Uribe?”
Ya en la primera reelección presidencial en Colombia se dijo de múltiples maneras que los demás candidatos no tenían las suficientes garantías para participar en la contienda electoral. Ahora, con un Presidente envalentonado por espectaculares triunfos militares en su lucha contra el terrorismo y con una conveniente simpatía en órganos como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, amplias mayorías en el Congreso y una jugada maestra para elegir los magistrados de la Corte Constitucional de manera que fueran cercanos a sus ideologías, la desventaja es aún mayor. Esta situación se agrava si se tiene en cuenta que el Consejo Nacional Electoral es controlado de manera descarada por el Ministro del Interior, aunque se supone que es un órgano de control independiente.
Mientras tanto, cada día crece la baraja de precandidatos a la Presidencia de la República, pero salvo honrosas excepciones, muchos son una fiel copia del Presidente, lo que no hace más que confundir a los electores, quienes ante la pobreza de esas propuestas (probablemente una situación generada a propósito), ven a Uribe como el mesías, el único y verdadero salvador.
Los resultados de encuestas que se muestran en diferentes medios, son un claro reflejo de lo que hasta aquí se ha dicho. Muchos prefieren omitir al presidente Uribe de sus preguntas para poder medir el grado de favorabilidad de los demás precandidatos entre los electores. Lo que resulta de ahí es una clara división, que lleva a concluir que en caso de que Uribe no sea candidato, tendrán que hacerse por lo menos dos vueltas para elegir al primer mandatario de los colombianos. Esto muestra dos cosas: la primera es que la desventaja de un candidato “común” frente a un presidente en ejercicio es abismal y, la segunda, es que ninguno de los precandidatos tiene la suficiente fuerza y claridad propositiva para convencer a los electores.
Las garantías no están dadas para las elecciones que se realizarán en el 2010. Ninguno de los precandidatos debería estar aprovechando su acceso a herramientas del Estado para hacer campaña. Los congresistas activos tienen ventajas por los puestos que ostentan, los ex ministros utilizaron hasta más no poder su cargo para hacerse ver (ahora aparecieron las vallas de agradecimiento), los liberales están entre apartarse o no del Presidente porque cualquiera de las dos posiciones les hará ganar o perder votos, los conservadores son uribistas declarados, el Polo está polarizado y no tiene nada claro y los ex alcaldes y ex gobernadores aprovechan la alta popularidad que tuvieron mientras ostentaron sus cargos para tratar de convencer. En ninguno de los casos se sabe de dónde sale el dinero para las campañas (o de dónde salió) y no hay una clara separación entre las funciones de cierto cargo y las acciones proselitistas.
Lo que queda en evidencia es que “replicar y andar la procesión” riñe con la institucionalidad y la transparencia, aunque esto parece importarle poco a unos y otros que lo único que hacen es tirarse la pelota para ver quién se deja meter el gol. Aquí importa más el quién que el qué, cuando finalmente el que está perdiendo es el pueblo. Como están las cosas, vamos a terminar igualitos que un país vecino, con un cacique, unos títeres y una oposición desbaratada. Mientras las reglas de juego no estén claras no habrá garantías, porque es imposible que un puñado de pescaditos (algunos delfines) sea capaz de derrotar a un pulpo que ya se ha llevado por delante la institucionalidad representada en las cortes, los órganos de control y la dignidad del pueblo.
