Primero fueron víctimas de la pobreza, un legado poco alentador de años de miseria en pueblos subdesarrollados y aislados, y después la violencia llegó a hacer su despreciable contribución a la tragedia humana de los habitantes más vulnerables de Nariño, Argelia y Sonsón, municipios del oriente lejano de Antioquia.
Son cerca de 70 mil personas de estratos 1, 2 y 3, distribuidas en 1.890 kilómetros cuadrados que comparten el territorio conocido como subregión Páramo en el oriente antioqueño (comparten el Páramo de Sonsón), las que por cerca de 10 años padecieron los más crudos embates de la guerra. La zona limita con el departamento de Caldas y es corredor estratégico por zona selvática hacia el Chocó, lo que la convirtió en un escenario de las más cruda lucha por el control territorial, aunque los grupos paramilitares se limitaron al casco urbano de Sonsón y a los corregimientos San Miguel, La Danta Y Jerusalén de este municipio, en el Magdalena Medio.
Por las carreteras y caminos era común ver pasar hombres y mujeres armados, con rostros poco amigables y vestidos de camuflado, ante los cuales los temerosos pobladores volteaban la cabeza, cerraban las puertas y ventanas, protegían a sus niños y rezaban para que nada malo les sucediera, aunque a veces los rezos resultaban infructuosos. Los menos afortunados tenían la mala suerte de encontrárselos de sorpresa en aquellos andares y siempre se enfrentaban al dilema de “seguir de largo sin mirar” o “saludar”… Siempre quedaba la duda de qué hacer, porque en todo caso lo más seguro, era un balazo.
Para los niños las armas de los cerca de 10 mil combatientes que tuvo la zona (de todos los bandos), eran el único aliciente. Crecer para tener un fusil y vengar la muerte de algún familiar, del papá, la mamá o de toda la familia. Esto se veía día a día en las zonas rurales, el miedo era amo y señor y los hombres armados, los paracos, los guerrillos, los soldos, los primos o como se les llamara, eran los sirvientes de ese amo, los encargados de mantener viva la llama del miedo, extinguiendo la llama de la vida.
Pero las cabeceras municipales, aunque vivían el conflicto de una manera distinta no estaban a salvo. Las calles se vaciaban a las seis de la tarde y todas las puertas estaban bien cerradas a las 7 de la noche, aunque de poco servían, porque todos los días tres o cuatro personas eran sacadas de sus casas y asesinadas en parajes cercanos o lejanos, cualquier lugar era bueno, cualquier pretexto servía para matar, todo estaba permitido.
En esos pueblos hubo casos en los que la gente era matada en el parque principal o en las calles principales a cualquier hora del día. “Al de allí lo mataron cuando iba en bicicleta”, “al de allá lo sacaron de la casa y lo mataron en la vereda tal”, “a este lo torturaron”, “a aquel le pegaron un tiro delante de los hijos”, esos eran los comentarios comunes en los temerosos corrillos donde se hablaba de todo, pero no se sostenía nada, donde se sabía quiénes eran “los malos” sin que se pudiera hacer nada, donde la verdad era un secreto a voces, calladas por las balas.
Todo tan cotidiano, tan común, tan real, tan desalentador… Los pobladores ya estaban acostumbrados a esas expresiones, a esas situaciones; los cementerios empezaron a llenarse, en los caminos y carreteras las cruces y calvarios llegaron a adornar con sus formas y colores tétricos, los parajes más solitarios y hoy las imágenes más funestas, crueles, horripilantes e imborrables persisten en la mente de quienes vivieron y padecieron el infortunio de vivir en una zona que lo único que ofrecía era montañas y corredores estratégicos para que los hampones se escondieran.
En los pueblos del suroriente antioqueño, entre 1995 y el 2003, los poderes estaban repartidos. Nariño y Argelia bajo el dominio total de la guerrilla de las FARC al mando de alias “Karina” y Sonsón sitiado por los paramilitares bajo la comandancia del temido “Huracán”, el más sangriento de los líderes paramilitares que, según los pobladores, conoció la zona.
Nariño y Argelia sufrieron tomas guerrilleras a sangre y fuego y esos grupos ilegales pasaron a ser la ley. Eran quienes decidían, quienes juzgaban, quienes castigaban… No había otra ley ni otro ordenador, el fusil era el único que ejercía la justicia y nunca absolvía. Miles de desaparecidos tiene la zona, cientos de víctimas que esperan por lo menos verdad, historias macabras, miles de desplazados que aún no regresan a sus tierras y que tal vez nunca volverán, todo en tan poco tiempo, contra personas que no fueron más que espectadores, cientos de inocentes caídos y un común denominador, impunidad.
La otra cara
Si bien estos grupos ilegales sembraron el terror en los lugares por donde pasaron, para muchos pobladores también significaron la solución a sus problemas, pues en varios casos los grupos ilegales asumieron funciones del Estado, como en el Magdalena Medio sonsoneño, donde construyeron un hospital, pagaron profesores, construyeron escuelas y escenarios deportivos.
Así mismo, la delincuencia común, los atracos callejeros, el consumo de alucinógenos y las riñas callejeras disminuyeron casi en su totalidad.
Las cifras
En la región miles de personas han sido víctimas de las acciones de los grupos armados, tanto ilegales como de la fuerza pública. Se estima que son aproximadamente 15 mil personas las víctimas directas, entre desplazados, asesinados y desaparecidos, pero también hay que contar a los espectadores que igualmente son víctimas.
Cientos de caminos fueron minados, como es el caso del Municipio de Argelia, donde el camino que conduce del casco urbano a la vereda Mesones, estuvo minado en el tramo Alto del Tigre a Mesones y desde este mismo alto del Tigre hacia Alto Bonito, lo que afectó directamente a cerca de 10 veredas aledañas, que son la despensa agrícola del municipio y que impidió el retorno por cerca de dos años de aproximadamente 100 familias desplazadas de la región, que se encontraban en el casco urbano a la espera de un desminado para poder volver a sus tierras; Sin embargo ese procedimiento no se hizo efectivo hasta el 2007, pese a que el ejército tenía desde el 2005 una base militar en la vereda Mesones.
El hecho más representativo en materia de desplazamiento forzado masivo en el oriente antioqueño durante el año 2006 se presentó entre el 3 y el 9 de agosto, donde por presión de las FARC-EP se desplazaron del municipio de Argelia 1.622 campesinos y de Nariño 1.153 para un total de 2.775 personas. Sumada a esta grave situación, las autoridades encargadas de la atención a la población desplazada, como Acción Social, no calificaron tal situación como desplazamiento masivo, por lo que negaron la asistencia humanitaria de emergencia y desconocieron los principios y definiciones legales tanto nacionales como internacionales respecto a estas situaciones.
Los falsos positivos
La fuerza pública también puso su cuota macabra en la tragedia de la zona. Muchos son los casos presentados, aunque pocos fueron denunciados.
El primero conocido se presentó en febrero de 2006:
A las 9:30 p.m. del día 12 de febrero de 2006 a la finca de la familia Tabares Bedoya ubicada en la vereda La Gitana del municipio de Argelia, llegó un soldado del ejército nacional –este militar era conocido por que patrullaba la zona con regularidad con el Ejército Nacional-, luego de golpear fuertemente la puerta obligó a la familia a que abriera, procediendo a intimidarlos con un fusil y obligó a Yosmi a irse con él. La familia intentó evitar que se llevara a la menor pero el militar desaseguró el fusil y los amenazó con dispararles. Luego de un tiempo la menor regresó afirmando que la había agredido sexualmente.
El proceso penal por este caso se inició en la Fiscalía Seccional de Sonsón por el delito de acceso carnal violento; sin embargo, el fiscal consideró que no existía prueba del delito contra la libertad sexual y decidió enviarlo a un Fiscal Especializado de la ciudad de Medellín para que lo tramitara por secuestro. Luego de practicarse algunos medios de prueba, la Fiscalía Especializada consideró que no se configuraba el delito de secuestro, que la retención que hizo el militar fue para lograr consumar el delito de acceso carnal, remitiendo nuevamente el proceso al Fiscal de Sonsón[1].
Este caso sigue sin resolverse. Tres días después en una vereda cercana, se presentó el segundo caso:
El 15 de febrero de 2006 SUSANA PATRICIA GALEANO se encontraba en la finca ubicada en la vereda El Plan del municipio de Argelia, donde vivía en compañía de sus padres, con su hermana menor, dedicadas a las labores del hogar. Aproximadamente a las 12:30 p.m., por la finca donde se encontraban las hermanas GALEANO, pasó un joven quien luego de conversar con ellas un momento y contarles que por ahí cerca venía personal del Ejército Nacional, se fue con rumbo desconocido.
Pocos momentos después las hermanas GALEANO escucharon disparos de arma de fuego en cercanía a la finca donde vivían. La hermana menor asustada por el aturdidor sonido que producen las explosiones de las armas de fuego, corrió al patio donde su hermana SUSANA PATRICIA se encontraba realizando labores de limpieza en el hogar.
Momentos después escucharon una voz que desde la parte externa de la vivienda llamaban para que los ocupantes de la vivienda salieran. Una vez salieron de la vivienda, observaron a una distancia aproximada de 2 metros y medio, a los soldados
JUAN CARLOS JIMÉNEZ LOAIZA y al Cabo ALBERTO MÉNDEZ PINZÓN quienes sin mediar palabra dispararon en contra de la joven SUSANA PATRICIA GALEANO[2].
La IV Brigada reportó una muerte en combate de una supuesta integrante de las FARC que se había escondido en esa casa, por lo que en el cruce de disparos había fallecido una joven de 15 años. La joven resultó ser la hermana de Susana Patricia Galeano. Por este caso tampoco hay condenas.
Dos meses después se presentó otro caso en el casco urbano de Argelia:
ADRIÁN CÁRDENAS MARÍN, quien padecía problemas mentales, ante la difícil situación laboral decidió trasladarse de la ciudad de Medellín hacia el municipio de Argelia de donde era oriundo. El viernes 14 de abril de 2006 el ejército lo detuvo en el casco urbano del Municipio y por la noche estuvieron varios uniformados en la casa de la tía donde se estaba hospedando averiguando por él. A pesar de la información que dio la familia, ese viernes en las horas de la noche el ejército lo asesinó. El cuerpo aparecería aproximadamente a diez (10) minutos del casco urbano de Argelia. El ejército lo reportaría como un guerrillero muerto en combate[3].
Este caso también sigue sin esclarecerse y en ese mismo año, en el municipio de Nariño, se presentaron dos casos similares:
En el municipio de Nariño (se realizó) la ejecución extrajudicial de líderes y campesinos que fueron presentados como muertos en combate; esto sucedió con BELISARIO MARÍN CARVAJAL, labriego de la vereda El Bosque ultimado por el Ejército el día 30 de noviembre de 2006 y ROQUE BOLAÑOS, líder comunitario de la vereda La Iguana, asesinado recientemente (en el 2006) por integrantes del Ejército y que fue presentado como un jefe de finanzas de las FARC dado de baja en combate (esta persona no sabía ni leer ni escribir); luego de su muerte la familia se vio obligada a desplazarse de la región. Este tipo de muertes han generado mucho temor en la zona que se encontraba disfrutando de una relativa tranquilidad durante el último año, a tal punto que el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Quebrada Negra se vio obligado a abandonar la región para evitar ser víctima de algún tipo de acción criminal[4].
Donde sí hubo una reciente condena por un falso positivo del ejército, fue en Sonsón:
A penas iguales que suman 170 años de prisión, fueron sentenciados cinco militares de la cuarta brigada que sacaron de su casa en Sonsón al campesino José De Jesús Rendón Alzate, quien se convirtió en una de las 110 víctimas en los falsos positivos de esa subregión del oriente antioqueño.
Según el fallo confirmado por la justicia de Antioquia, fueron notificados de la condena de 34 años los militares: Elmer Torres Rodríguez, Carlos Andrés Ladino Monroy, Fred Alexander Cañaveral Ramírez, Gionay Présiga Tangarife y Elkin Edison. Durante la incursión en la vivienda de José de Jesús Rendón Alzate, el 23 de abril del 2004, sus pequeños hijos fueron amenazados y una niña sufrió acoso sexual[5].
No más, ni una más, nunca más
Esta frase se ha convertido en la única arma de guerra de las víctimas del conflicto armado en todo el país. Para Nariño, Argelia y Sonsón, es la única esperanza de la región que poco a poco recupera su integridad y su tejido social y avanza hacia el desarrollo que por años se vio relegado por la violencia. Los propietarios de tierras y mayores empleadores de la zona, están regresando para retomar la vida que dejaron a la fuerza, el comercio florece como hacía mucho tiempo no lo hacía, las carreteras son transitadas tranquilamente a cualquier hora del día y el control lo tiene nuevamente el Estado.
Sin embargo, las víctimas siguen esperando la verdad, la justicia, la reparación y muchos aún esperan el regreso de sus seres queridos, pues guardan la esperanza de que estén vivos en algún lugar, aunque en realidad, en el fondo saben que no es así y que nunca los volverán a ver, pero conservan la esperanza para mantenerse vivos. Como dice Gloria*, una de las mujeres que perdió a su hijo de 19 años a manos de los paramilitares “la violencia aún no me ha vencido”.
Y no la ha vencido, porque víctimas como ella, que en su mayoría tienen el común denominador de la pobreza, son la memoria para que el país entero siga convencido de que aquí no puede haber repetición, ni una más, nunca más.
Son cerca de 70 mil personas de estratos 1, 2 y 3, distribuidas en 1.890 kilómetros cuadrados que comparten el territorio conocido como subregión Páramo en el oriente antioqueño (comparten el Páramo de Sonsón), las que por cerca de 10 años padecieron los más crudos embates de la guerra. La zona limita con el departamento de Caldas y es corredor estratégico por zona selvática hacia el Chocó, lo que la convirtió en un escenario de las más cruda lucha por el control territorial, aunque los grupos paramilitares se limitaron al casco urbano de Sonsón y a los corregimientos San Miguel, La Danta Y Jerusalén de este municipio, en el Magdalena Medio.
Por las carreteras y caminos era común ver pasar hombres y mujeres armados, con rostros poco amigables y vestidos de camuflado, ante los cuales los temerosos pobladores volteaban la cabeza, cerraban las puertas y ventanas, protegían a sus niños y rezaban para que nada malo les sucediera, aunque a veces los rezos resultaban infructuosos. Los menos afortunados tenían la mala suerte de encontrárselos de sorpresa en aquellos andares y siempre se enfrentaban al dilema de “seguir de largo sin mirar” o “saludar”… Siempre quedaba la duda de qué hacer, porque en todo caso lo más seguro, era un balazo.
Para los niños las armas de los cerca de 10 mil combatientes que tuvo la zona (de todos los bandos), eran el único aliciente. Crecer para tener un fusil y vengar la muerte de algún familiar, del papá, la mamá o de toda la familia. Esto se veía día a día en las zonas rurales, el miedo era amo y señor y los hombres armados, los paracos, los guerrillos, los soldos, los primos o como se les llamara, eran los sirvientes de ese amo, los encargados de mantener viva la llama del miedo, extinguiendo la llama de la vida.
Pero las cabeceras municipales, aunque vivían el conflicto de una manera distinta no estaban a salvo. Las calles se vaciaban a las seis de la tarde y todas las puertas estaban bien cerradas a las 7 de la noche, aunque de poco servían, porque todos los días tres o cuatro personas eran sacadas de sus casas y asesinadas en parajes cercanos o lejanos, cualquier lugar era bueno, cualquier pretexto servía para matar, todo estaba permitido.
En esos pueblos hubo casos en los que la gente era matada en el parque principal o en las calles principales a cualquier hora del día. “Al de allí lo mataron cuando iba en bicicleta”, “al de allá lo sacaron de la casa y lo mataron en la vereda tal”, “a este lo torturaron”, “a aquel le pegaron un tiro delante de los hijos”, esos eran los comentarios comunes en los temerosos corrillos donde se hablaba de todo, pero no se sostenía nada, donde se sabía quiénes eran “los malos” sin que se pudiera hacer nada, donde la verdad era un secreto a voces, calladas por las balas.
Todo tan cotidiano, tan común, tan real, tan desalentador… Los pobladores ya estaban acostumbrados a esas expresiones, a esas situaciones; los cementerios empezaron a llenarse, en los caminos y carreteras las cruces y calvarios llegaron a adornar con sus formas y colores tétricos, los parajes más solitarios y hoy las imágenes más funestas, crueles, horripilantes e imborrables persisten en la mente de quienes vivieron y padecieron el infortunio de vivir en una zona que lo único que ofrecía era montañas y corredores estratégicos para que los hampones se escondieran.
En los pueblos del suroriente antioqueño, entre 1995 y el 2003, los poderes estaban repartidos. Nariño y Argelia bajo el dominio total de la guerrilla de las FARC al mando de alias “Karina” y Sonsón sitiado por los paramilitares bajo la comandancia del temido “Huracán”, el más sangriento de los líderes paramilitares que, según los pobladores, conoció la zona.
Nariño y Argelia sufrieron tomas guerrilleras a sangre y fuego y esos grupos ilegales pasaron a ser la ley. Eran quienes decidían, quienes juzgaban, quienes castigaban… No había otra ley ni otro ordenador, el fusil era el único que ejercía la justicia y nunca absolvía. Miles de desaparecidos tiene la zona, cientos de víctimas que esperan por lo menos verdad, historias macabras, miles de desplazados que aún no regresan a sus tierras y que tal vez nunca volverán, todo en tan poco tiempo, contra personas que no fueron más que espectadores, cientos de inocentes caídos y un común denominador, impunidad.
La otra cara
Si bien estos grupos ilegales sembraron el terror en los lugares por donde pasaron, para muchos pobladores también significaron la solución a sus problemas, pues en varios casos los grupos ilegales asumieron funciones del Estado, como en el Magdalena Medio sonsoneño, donde construyeron un hospital, pagaron profesores, construyeron escuelas y escenarios deportivos.
Así mismo, la delincuencia común, los atracos callejeros, el consumo de alucinógenos y las riñas callejeras disminuyeron casi en su totalidad.
Las cifras
En la región miles de personas han sido víctimas de las acciones de los grupos armados, tanto ilegales como de la fuerza pública. Se estima que son aproximadamente 15 mil personas las víctimas directas, entre desplazados, asesinados y desaparecidos, pero también hay que contar a los espectadores que igualmente son víctimas.
Cientos de caminos fueron minados, como es el caso del Municipio de Argelia, donde el camino que conduce del casco urbano a la vereda Mesones, estuvo minado en el tramo Alto del Tigre a Mesones y desde este mismo alto del Tigre hacia Alto Bonito, lo que afectó directamente a cerca de 10 veredas aledañas, que son la despensa agrícola del municipio y que impidió el retorno por cerca de dos años de aproximadamente 100 familias desplazadas de la región, que se encontraban en el casco urbano a la espera de un desminado para poder volver a sus tierras; Sin embargo ese procedimiento no se hizo efectivo hasta el 2007, pese a que el ejército tenía desde el 2005 una base militar en la vereda Mesones.
El hecho más representativo en materia de desplazamiento forzado masivo en el oriente antioqueño durante el año 2006 se presentó entre el 3 y el 9 de agosto, donde por presión de las FARC-EP se desplazaron del municipio de Argelia 1.622 campesinos y de Nariño 1.153 para un total de 2.775 personas. Sumada a esta grave situación, las autoridades encargadas de la atención a la población desplazada, como Acción Social, no calificaron tal situación como desplazamiento masivo, por lo que negaron la asistencia humanitaria de emergencia y desconocieron los principios y definiciones legales tanto nacionales como internacionales respecto a estas situaciones.
Los falsos positivos
La fuerza pública también puso su cuota macabra en la tragedia de la zona. Muchos son los casos presentados, aunque pocos fueron denunciados.
El primero conocido se presentó en febrero de 2006:
A las 9:30 p.m. del día 12 de febrero de 2006 a la finca de la familia Tabares Bedoya ubicada en la vereda La Gitana del municipio de Argelia, llegó un soldado del ejército nacional –este militar era conocido por que patrullaba la zona con regularidad con el Ejército Nacional-, luego de golpear fuertemente la puerta obligó a la familia a que abriera, procediendo a intimidarlos con un fusil y obligó a Yosmi a irse con él. La familia intentó evitar que se llevara a la menor pero el militar desaseguró el fusil y los amenazó con dispararles. Luego de un tiempo la menor regresó afirmando que la había agredido sexualmente.
El proceso penal por este caso se inició en la Fiscalía Seccional de Sonsón por el delito de acceso carnal violento; sin embargo, el fiscal consideró que no existía prueba del delito contra la libertad sexual y decidió enviarlo a un Fiscal Especializado de la ciudad de Medellín para que lo tramitara por secuestro. Luego de practicarse algunos medios de prueba, la Fiscalía Especializada consideró que no se configuraba el delito de secuestro, que la retención que hizo el militar fue para lograr consumar el delito de acceso carnal, remitiendo nuevamente el proceso al Fiscal de Sonsón[1].
Este caso sigue sin resolverse. Tres días después en una vereda cercana, se presentó el segundo caso:
El 15 de febrero de 2006 SUSANA PATRICIA GALEANO se encontraba en la finca ubicada en la vereda El Plan del municipio de Argelia, donde vivía en compañía de sus padres, con su hermana menor, dedicadas a las labores del hogar. Aproximadamente a las 12:30 p.m., por la finca donde se encontraban las hermanas GALEANO, pasó un joven quien luego de conversar con ellas un momento y contarles que por ahí cerca venía personal del Ejército Nacional, se fue con rumbo desconocido.
Pocos momentos después las hermanas GALEANO escucharon disparos de arma de fuego en cercanía a la finca donde vivían. La hermana menor asustada por el aturdidor sonido que producen las explosiones de las armas de fuego, corrió al patio donde su hermana SUSANA PATRICIA se encontraba realizando labores de limpieza en el hogar.
Momentos después escucharon una voz que desde la parte externa de la vivienda llamaban para que los ocupantes de la vivienda salieran. Una vez salieron de la vivienda, observaron a una distancia aproximada de 2 metros y medio, a los soldados
JUAN CARLOS JIMÉNEZ LOAIZA y al Cabo ALBERTO MÉNDEZ PINZÓN quienes sin mediar palabra dispararon en contra de la joven SUSANA PATRICIA GALEANO[2].
La IV Brigada reportó una muerte en combate de una supuesta integrante de las FARC que se había escondido en esa casa, por lo que en el cruce de disparos había fallecido una joven de 15 años. La joven resultó ser la hermana de Susana Patricia Galeano. Por este caso tampoco hay condenas.
Dos meses después se presentó otro caso en el casco urbano de Argelia:
ADRIÁN CÁRDENAS MARÍN, quien padecía problemas mentales, ante la difícil situación laboral decidió trasladarse de la ciudad de Medellín hacia el municipio de Argelia de donde era oriundo. El viernes 14 de abril de 2006 el ejército lo detuvo en el casco urbano del Municipio y por la noche estuvieron varios uniformados en la casa de la tía donde se estaba hospedando averiguando por él. A pesar de la información que dio la familia, ese viernes en las horas de la noche el ejército lo asesinó. El cuerpo aparecería aproximadamente a diez (10) minutos del casco urbano de Argelia. El ejército lo reportaría como un guerrillero muerto en combate[3].
Este caso también sigue sin esclarecerse y en ese mismo año, en el municipio de Nariño, se presentaron dos casos similares:
En el municipio de Nariño (se realizó) la ejecución extrajudicial de líderes y campesinos que fueron presentados como muertos en combate; esto sucedió con BELISARIO MARÍN CARVAJAL, labriego de la vereda El Bosque ultimado por el Ejército el día 30 de noviembre de 2006 y ROQUE BOLAÑOS, líder comunitario de la vereda La Iguana, asesinado recientemente (en el 2006) por integrantes del Ejército y que fue presentado como un jefe de finanzas de las FARC dado de baja en combate (esta persona no sabía ni leer ni escribir); luego de su muerte la familia se vio obligada a desplazarse de la región. Este tipo de muertes han generado mucho temor en la zona que se encontraba disfrutando de una relativa tranquilidad durante el último año, a tal punto que el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Quebrada Negra se vio obligado a abandonar la región para evitar ser víctima de algún tipo de acción criminal[4].
Donde sí hubo una reciente condena por un falso positivo del ejército, fue en Sonsón:
A penas iguales que suman 170 años de prisión, fueron sentenciados cinco militares de la cuarta brigada que sacaron de su casa en Sonsón al campesino José De Jesús Rendón Alzate, quien se convirtió en una de las 110 víctimas en los falsos positivos de esa subregión del oriente antioqueño.
Según el fallo confirmado por la justicia de Antioquia, fueron notificados de la condena de 34 años los militares: Elmer Torres Rodríguez, Carlos Andrés Ladino Monroy, Fred Alexander Cañaveral Ramírez, Gionay Présiga Tangarife y Elkin Edison. Durante la incursión en la vivienda de José de Jesús Rendón Alzate, el 23 de abril del 2004, sus pequeños hijos fueron amenazados y una niña sufrió acoso sexual[5].
No más, ni una más, nunca más
Esta frase se ha convertido en la única arma de guerra de las víctimas del conflicto armado en todo el país. Para Nariño, Argelia y Sonsón, es la única esperanza de la región que poco a poco recupera su integridad y su tejido social y avanza hacia el desarrollo que por años se vio relegado por la violencia. Los propietarios de tierras y mayores empleadores de la zona, están regresando para retomar la vida que dejaron a la fuerza, el comercio florece como hacía mucho tiempo no lo hacía, las carreteras son transitadas tranquilamente a cualquier hora del día y el control lo tiene nuevamente el Estado.
Sin embargo, las víctimas siguen esperando la verdad, la justicia, la reparación y muchos aún esperan el regreso de sus seres queridos, pues guardan la esperanza de que estén vivos en algún lugar, aunque en realidad, en el fondo saben que no es así y que nunca los volverán a ver, pero conservan la esperanza para mantenerse vivos. Como dice Gloria*, una de las mujeres que perdió a su hijo de 19 años a manos de los paramilitares “la violencia aún no me ha vencido”.
Y no la ha vencido, porque víctimas como ella, que en su mayoría tienen el común denominador de la pobreza, son la memoria para que el país entero siga convencido de que aquí no puede haber repetición, ni una más, nunca más.
